Por Marcos Marugán Navas
El informe examina la interseccionalidad como enfoque primordial para poder comprender y consecuentemente combatir el racismo y la discriminación contemporáneos. Incide en el hecho de que la discriminación sistemática se produce por la interacción de múltiples ejes de opresión, entre los que destacan: la raza, el sexo, el género, la casta, la clase social, la orientación sexual, la discapacidad, etc.
La Relatora remarca la obligación de los Estados, bajo el marco normativo del derecho internacional de los derechos humanos; de prevenir, reparar y erradicar no únicamente las formas individuales de discriminación, sino también todas las interseccionales y estructurales existentes.
Se reconoce el origen del concepto de interseccionalidad en el feminismo negro, bajo la mano de Kimberlé Crenshaw, sumado a los aportes de comunidades históricamente marginadas (dalits, indígenas, musulmanes), que han ampliado el análisis del casteísmo y de la religión, dentro de los ejes interseccionales centrales en el Sur Global. En la rama del derecho internacional de los derechos humanos, destacan órganos de tratados como CEDAW, CERD, CDESC y CDPD, sumados a Durban, Beijing y las declaraciones africanas e interamericanas; todos ellos han incorporado el mencionado enfoque interseccional, aunque pese a su incipiente intento, de manera fragmentaria e incoherente.
Las principales manifestaciones recogidas, versan en países como Brasil (niños afrodescendientes discriminados por raza y edad), Oriente Medio (trabajadores migrantes bajo el régimen Kafala), Rusia (leyes anti LGBTQ+), Palestina (mujeres y niñas marginadas por conflicto armado), México (afrodescendientes e indígenas invisibilizados por el mestizaje) y muchos más países desarrollados en el propio informe.
Así pues, la Relatora propone un análisis sistémico, racial e histórico de opresiones (colonialismo, esclavitud, casta, patriarcado), busca medidas especiales interseccionales en educación, empleo y representación, con datos referentes a raza, etnia, género y casta, a su vez, aboga por el reconocimiento legal expreso de la discriminación múltiple e interseccional en leyes nacionales.
De tal manera, el informe acierta en elevar la interseccionalidad como un deber político y jurídico necesario, pero persisten ciertos vacíos aún por ocupar, como es la fragmentación normativa, la falta de datos, los recursos ineficaces y la ausencia de justicia reparadora real. Por lo que es necesario que la interseccionalidad deba guiarse por marcos legales, políticas públicas y justicia reparadora. Con las consecuentes leyes vinculantes, datos desglosados fiables, representación política efectiva, mecanismos interseccionales y reparación integral de agravios históricos.
Solo así se podrán desmantelar las estructuras contemporáneas y el racismo sistémico.
Enlace al informe completo: Aquí
Marcos Marugán Navas
