Por Adrian Avilés
El informe presentado por la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, expone con claridad los principales factores estructurales que favorecen la explotación de los trabajadores domésticos migrantes, en su mayoría mujeres. Destaca que la falta de regulación efectiva del trabajo doméstico, combinada con un acceso limitado a la migración regular y la existencia de visados vinculados al empleador, constituye un terreno fértil para la trata con fines de trabajo forzoso o servidumbre doméstica.
Una de las causas centrales identificadas es la ausencia de voluntad política para aplicar la legislación laboral existente en este sector, lo que crea un vacío de protección. A ello se suma la intersección entre género, raza y situación migratoria, que coloca a las mujeres migrantes, especialmente aquellas indocumentadas o en situación irregular, en un nivel de vulnerabilidad significativamente mayor.
El informe subraya que muchas de estas trabajadoras sufren violencia física, sexual y económica, y no acceden a mecanismos efectivos de denuncia por temor a represalias o deportación.
En el informe podremos ver ejemplos concretos que ilustran estas dinámicas, como el caso de 28 mujeres malawianas en Omán, quienes fueron víctimas de abuso físico, jornadas excesivas sin descanso, confiscación de pasaportes, impago de salarios y violencia sexual. Casos similares en Arabia Saudita, Vietnam o en situaciones posteriores al conflicto en Ucrania muestran que este problema no es aislado, sino parte de una realidad transnacional, que requiere cooperación entre Estados de origen, tránsito y destino.
Además, el informe hace referencia a diversas decisiones judiciales y mecanismos internacionales que evidencian las obligaciones positivas de los Estados en materia de prevención, protección y acceso a la justicia. Se destaca, por ejemplo, el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso F.M. y otros c. Rusia, donde se estableció que la falta de medidas efectivas contra la trata puede constituir una violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, incluso en ausencia de intención discriminatoria directa.
De esta forma, a través del informe podemos ver que la trata de personas en el ámbito del trabajo doméstico no es solo una cuestión de criminalidad individual, sino un fenómeno estructural vinculado a fallos sistémicos en la regulación del trabajo, las políticas migratorias y el acceso a derechos. La ausencia de protección específica para este colectivo refuerza su exposición al abuso, por lo que resulta imprescindible que los Estados cumplan con sus obligaciones internacionales y refuercen sus sistemas legales y de control para prevenir y erradicar estas prácticas.
Enlace al informe completo: Aquí
Adrian Avilés
