Por Isabella c. Rosa
El Secretario General y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas han presentado un informe al Consejo de Derechos Humanos, enfocado en el progreso y los retos del derecho al desarrollo en el contexto de crisis globales actuales, como la pandemia de COVID-19, la reforma de la arquitectura financiera internacional y los crecientes conflictos geopolíticos. El documento examina medidas adoptadas en niveles nacional, regional e internacional, y destaca la urgencia de garantizar el desarrollo como un derecho humano universal.
La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo define este concepto como un proceso integral económico, social, cultural y político que promueve el bienestar colectivo mediante la participación activa y equitativa de todas las personas. Los Estados tienen la obligación de crear condiciones favorables para garantizar este derecho, así como cooperar internacionalmente para eliminar barreras estructurales que impiden su efectividad. Además, el derecho al desarrollo es intergeneracional, lo que implica satisfacer equitativamente las necesidades presentes y futuras en armonía con el medio ambiente.
El informe señala que las desigualdades, la pobreza y las crisis ambientales continúan limitando la implementación efectiva del derecho al desarrollo. La carga de la deuda y los elevados costos de financiamiento han debilitado la capacidad de los países para abordar estas problemáticas, aumentando la inseguridad alimentaria, la falta de acceso a educación y los servicios de salud. Se estima que en 2030 unos 600 millones de personas seguirán viviendo en pobreza extrema.
En la Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los líderes mundiales renovaron su compromiso de intensificar acciones para alcanzar la Agenda 2030. Se acordaron medidas clave, entre ellas: fomentar inversiones sostenibles, reformar la arquitectura financiera internacional y garantizar una mayor cooperación macroeconómica. Entre las propuestas más relevantes se encuentra el llamamiento a un plan de estímulo económico anual de al menos 500.000 millones de dólares para respaldar a los países en desarrollo.
El informe también aborda la necesidad de reformar la gobernanza de la deuda soberana. Desde 2021, 18 países en desarrollo han enfrentado impagos de deuda, afectando a millones de personas. El 15 % de la población mundial vive en naciones que destinan más recursos al pago de intereses que a servicios esenciales como educación y salud. Esto subraya la urgencia de implementar un sistema justo de reestructuración de deuda que priorice los derechos humanos y reduzca la desigualdad.
Por último, el informe insta a aumentar significativamente la asistencia oficial al desarrollo (AOD) y a fortalecer el acceso de los países en desarrollo a financiación asequible. Así mismo, se sugiere reorientar los Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional hacia los países más necesitados.
En conclusión, el informe reafirma que el desarrollo no solo es un derecho humano fundamental, sino también una responsabilidad colectiva. Hace un llamamiento a los Estados y las IFI para que actúen con urgencia en la eliminación de las barreras estructurales, promoviendo un modelo de desarrollo más equitativo, inclusivo y sostenible.
