Por Isabella Canales Carballo
En relación con el informe presentado por el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, trata sobre la situación de estas personas con discapacidad, siendo un grupo minoritario que enfrenta desafíos importantes debido a la intersección de su identidad indígena y su discapacidad.
Se prevé que más de 54 millones de personas son afectadas por esta condición, soliendo encontrarse en condiciones de vida desfavorables, con una discriminación estructural y excluidos socialmente.
Debido a la pobreza y la marginación, agravan las tasas de discapacidad en estas comunidades afectadas también por el legado histórico de la colonización y la discriminación racial estructural. Cabe destacar, según lo que dice el documento que, debido a las barreras sociales, jurídicas, culturales y económicas, se ven afectados muchos de los derechos fundamentales, como pueden ser la educación, la salud, el empleo y el derecho de justicia.
Un grupo social muy afectado son las mujeres indígenas con discapacidad, siendo de los más vulnerables, ya que debido a las condiciones que padecen perpetúan su marginación y limitación a su desarrollo personal y social, de manera que enfrenta múltiples formas de discriminación incluyendo violencia de género y falta de educación sexual y reproductiva, al igual que la ayuda de esta.
Aunque las dificultades son importantes y resultan muy complicadas, se reconoce que los Estados implementan prácticas para lidiar con ellas. Se incluyen programas de educación inclusiva, una serie de iniciativas comunitarias de apoyo a estas personas con discapacidad y esfuerzos para poder integrar prácticas culturales en servicios de salud. Un ejemplo destacado en el informe es que en Australia se han desarrollado una serie de redes comunitarias, lideradas por personas indígenas con discapacidad, y también en Groenlandia y Canadá se crean proyectos que respetan las tradiciones.
Para finalizar, el Relator destaca la implementación de los estados para que puedan adoptar políticas públicas, inclusivas y culturalmente apropiadas, de manera que se puedan promover sistemas educativos y de salud, eliminando barreras estructurales y garantizando que estas comunidades ejerzan sus plenos derechos.
Enlace al informe completo: Aquí
Isabella Canales Carballo
