Por Paula Martínez Salas
De acuerdo con la resolución 45/12 del Consejo, el tema de la mesa redonda fue la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas afectados por la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), con especial atención al derecho a la participación. La mesa redonda fue presidida y moderada por la Vicepresidenta del Consejo de Derechos Humanos, Keva L. Bain, y contó con los siguientes ponentes: la Presidenta del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Megan Davis; el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Calí Tzay; y la Presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, Anne Nuorgam.
El propósito de la mesa redonda consistía en fomentar una comprensión más profunda de los efectos de la pandemia de COVID-19 en los pueblos indígenas y evaluarlos, y los desafíos actuales en la respuesta a la COVID-19 y la recuperación posterior. También se centró en el derecho de los pueblos indígenas a la participación en el contexto de la pandemia.
La Sra. Davis subrayó que la COVID-19 había tenido un impacto desproporcionado en los pueblos indígenas de todo el mundo. Recalcó la fragilidad que tenían los pueblos indígenas a la COVID-19 debido a su acceso inadecuado a la atención de salud y a otros servicios básicos. Hizo incapie en las denuncias por parte de los pueblos indígenas entre las que destacó la falta de información en lenguas indígenas y el aumento de la violencia contra las mujeres y los niños. También que sufrían discriminación por parte del resto de la comunidad y que se los señalaba como portadores del virus. Por esto último la oradora destacó el aumento de los casos de intimidación y represión contra los defensores indígenas durante la pandemia, así como la incapacidad de las estructuras democráticas a la hora de escuchar las voces de los representantes indígenas.
En su informe de 2021 al Consejo de Derechos Humanos, el Sr. Calí Tzay aludió que los planes de vacunación se estaban adoptando sin la realización de consultas con las comunidades indígenas para garantizar que estuvieran informadas y abordar sus necesidades culturales y lingüísticas. Dando lugar a bajas tasas de vacunación entre los pueblos indígenas. Recalcando con todo esto que en muchos Estados, se habían realizado pocos esfuerzos, o ninguno, para implicar a los pueblos indígenas en el diseño de las políticas de recuperación o consultarlos al respecto. Mencionó ejemplos positivos y negativos. Centrándonos en estos últimos, señaló que algunos Estados habían empezado a tipificar como delito el ejercicio del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación.
La Sra. Nuorgam señalo que, durante la pandemia, los pueblos indígenas de más de 90 países habían sufrido un menoscabo de sus derechos humanos debido a las desigualdades y la discriminación, con un acceso limitado o nulo a la información, la atención médica integral, los suministros médicos, los alimentos y la vivienda. Anne Nuorgam en nombre del Foro Permanente, instó a los Estados Miembros a que, en estrecha colaboración con los propios pueblos indígenas, recopilasen y difundiesen datos estadísticos desglosados que sirvieran de apoyo a la formulación de políticas y programas con base empírica. Pidió a los Estados Miembros que invirtieran en intervenciones en materia de salud mental y conductual que fueran culturalmente adecuadas. Recomendó a los Estados Miembros que aplicasen medidas específicas para atender las necesidades de movilidad de los pueblos indígenas. Para concluir, la Sra. Nuorgam subrayó que, en ninguna circunstancia, la respuesta necesaria a la pandemia podía justificar la limitación del ejercicio de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Paula Martínez Salas
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