Por Carla Mª Dueñas Sanz
Del presente informe se ocupa la Relatora Especial Tlaleng Mofokeng y trata sobre una cuestión importante en el marco de la salud física y mental. Principalmente se centra en la violencia que sufren las mujeres, los niños y niñas y las personas no binarias, así como de la violencia sexual relacionada con los conflictos y la violencia estructural. Analiza la violencia usando un enfoque de igualdad sustantiva además de examinar el impacto de las personas al más alto nivel posible de salud física y mental desde una perspectiva intersecante, antirracista y anticolonialista.
Primeramente, hay que decir que la violencia puede generar graves problemas de salud como lesiones, la muerte (suicidios y asesinatos), enfermedades mentales (trastornos de ansiedad y depresión), aumento del consumo de drogas y problemas de salud crónicos que se tienen que se tienen que tratar (para los supervivientes). Esta violencia puede ser perpetrada por agentes estatales y no estatales mediante formas como el maltrato físico y psicológico, ataques, detenciones, violaciones, torturas, amenazas, abusos, explotación, intimidación, extorsión, etc.
Las diferentes maneras de violencia pueden tener origen en formas intersecantes de discriminación. Surgen por motivos de edad, raza, clase, etnia, sexo, género, orientación sexual, identidad de género, discapacidad pero además por situaciones de vulnerabilidad (pobreza, estado de salud, migración, falta de hogar, consumo de drogas, situaciones de conflicto o postconflicto o estancias en establecimientos residenciales). Por lo tanto, estas diversas formas de violencia aparecen por la desigualdad y la discriminacióndependiendo mucho de la condición social, política y económica de la persona.
Para acabar con la violencia se debe responder a ella aplicando el punto de vista de la igualdad sustantiva al derecho de la salud donde se debe adoptar un planteamiento intersecante, no discriminatorio y de género (no binario) teniendo en cuenta los diferentes contextos, lugares y personas en las que se manifiesta. Así pues, es preciso que se terminen con las opresiones patriarcales, racistas, homofóbicas, transfóbicas y capitalistas que forman parte del espectro de la violencia.
Para alcanzar la igualdad sustantiva es crucial que las personas tengan el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, así como que las leyes y prácticas por las cuales se posibilite la violencia, se deroguen. Es necesario que se realicen determinadas campañas de información y que los Estados adopten medidas legislativas, administrativas, presupuestarias y judiciales para que el derecho de la salud sea efectivo. Por ejemplo, a través de políticas, planes de acción o programas para prevenir, responder y reparar la violencia. Aunque hay circunstancias como en la relacionada con la violencia doméstica donde más de 155 países han aprobado leyes sobre dicha cuestión y a menudo no se hacen cumplir.
Por tanto, las víctimas tienen que tener acceso a los servicios de salud (como el apoyo psicológico) y a los recursos apropiados y útiles tanto a nivel nacional como internacionalmente. La denegación del acceso a los establecimientos y servicios de salud a determinadas personas o grupos por discriminación se consideraría un incumplimiento de la obligación de respetar el derecho de la salud y de su propia seguridad.
Un Estado debe actuar con la diligencia conveniente para impedir, investigar, indemnizar a las víctimas y castigar las violaciones de los derechos humanos. Se trataría de unas violaciones realizadas a normas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño. Hay que tener en cuenta que el Estado se tiene que abstener de intervenir directa o indirectamente en el derecho de la salud. Por ejemplo, absteniéndose de aplicar tratamientos médicos coercitivos (como la esterilización forzada o la cirugía involuntaria a personas intersexuales) o absteniéndose de incurrir en brutalidad policial.
Las personas sobrevivientes de la violencia de género y sexual suelen enfrentarse aobstáculos como la prohibición de los anticonceptivos o la criminalización de los abortos. Además existen terceras personas que coaccionan a las víctimas para someterse a prácticas como la mutilación genital femenina, la esterilización forzada, el aborto forzado, el embarazo forzado, que obligan a contraer un matrimonio y que privan el derecho a tener una buena economía o educación. El personal sanitario, migrantes, refugiados y las personas que son privadas de su libertad durante un tiempo también sufren de violencia sobre todo en conflictos armados.
Con la aparición del COVID-19 se aumentó la exposición a la violencia en todos los ámbitos (violencia de género, maltrato infantil, explotación sexual en línea, ciberacoso, etc). Por ende, se abrieron líneas telefónicas para proporcionar ayuda y apoyo a las víctimas. Actualmente, las respuestas sanitarias de los Estados suelen ser proporcionadas por el ministerio de salud en los centros de atención primaria y otros establecimientos sanitarios. Entre los servicios que se ofrecen se encuentran la prevención y atención médica urgente confidencial en función de las necesidades de las víctimas, la información a la víctima sobre los servicios de apoyo disponibles y la derivación a los servicios que proceda. Es imprescindible que se forme al personal sanitario para que sepan atender a las diferentes personas que reciben violencia, que haya un despliegue de expertos técnicos para cada situación y un sencillo acceso a la justicia. Como servicios complementarios se incluyen líneas telefónicas públicas de consulta y apoyo psicológico, el acogimiento en refugios y la prestación de ayudas económicas. Aunque se deben fortalecer las medidas de vigilancia, protocolos especiales, sistemas de salud y la dotación de una financiación de soluciones integrales dedicadas al restablecimiento de la dignidad de las personas.
En conclusión, poner fin a todas las formas de violencia contra la persona es un compromiso global contraído por los Estados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible pero puede que no se cumplan los objetivos puesto que la violencia imperante ha mermado la capacidad de los individuos y de las naciones para hacer realidad esas metas de desarrollo sostenible.
Carla Mª Dueñas Sanz
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