Por Cecilia Hontoria Tohá
Mary Lawlor asumió el mandato de Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos el 1º de mayo de 2020, de conformidad con la decisión 43/115 del Consejo de Derechos Humanos. En su último informe, presentado durante el 46º período de sesiones, analiza la situación relativa al asesinato de defensores de los derechos humanos.
Cada año se asesina a cientos de defensores de los derechos humanos como resultado directo de su labor pacífica en materia de derechos humanos. Por ello, desde 2015, el ACNUDH y ONGs nacionales e internacionales han recopilado datos sobre los asesinatos de defensores de los derechos humanos. El informe se centra principalmente en los asesinatos cometidos y las amenazas realizadas en el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2020, además, la relatora destaca que la cantidad de denuncias es mucho menor al número real de asesinatos.
- En 2019, el ACNUDH registró el asesinato de 281 defensores de los derechos humanos, 38 de los cuales eran mujeres, y un total de 35 países registraron el asesinato de un defensor de los derechos humanos como mínimo
- De 2015 a 2019, el ACNUDH registró 1.323 asesinatos de defensores de los derechos humanos, de los que 166 eran mujeres y 22 eran jóvenes. El ACNUDH también realizó un seguimiento de los casos de 45 defensores asesinados de 2015 a 2019 que eran personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero o intersexuales.
En algunas regiones, la capacidad de la sociedad civil para registrar y documentar los asesinatos presenta graves dificultades debido a la falta de un entorno seguro. De hecho, en muchas ocasiones los defensores de los derechos humanos no son reconocidos por los gobiernos como defensores, o incluso ellos mismos. Esto explicaría por qué algunos asesinatos de defensores pueden no estar incluidos en el cómputo total de muertes de defensores de los derechos humanos.
Muchos defensores de los derechos humanos informan de que a menudo se les demoniza y estigmatiza, se les difama en la prensa y se les ataca de otras maneras, lo que les hace vulnerables a ataques físicos o asesinatos. La relatora defiende que es necesario tener en cuenta las amenazas contra los defensores de cara a efectos de prevención y protección ya que muchas de ellas can seguidas de un asesinato, a pesar de que resulte más difícil registrar y documentar las amenazas.
En marzo de 2019, el dirigente indígena bribri Sergio Rojas Ortiz fue asesinado en Costa Rica. Había trabajado durante más de cuatro décadas en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas contra la ocupación ilegal de sus territorios. Había sido amenazado repetidamente durante una serie de años antes de su asesinato y llevaba tiempo viviendo solo para no poner en peligro a su familia.
El 11 de septiembre de 2020, el defensor de los derechos humanos Roberto Carlos Pacheco fue asesinado a tiros por atacantes desconocidos. Él y su padre, Demetrio Pacheco, que es un conocido defensor de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente, habían recibido amenazas desde 2012, vinculadas a su oposición a la minería ilegal en la Reserva de Tambopata, en la Amazonia Peruana.
En julio de 2019, la ONG Karapatan de Filipinas recibió un mensaje de texto de una persona desconocida que contenía una amenaza de muerte contra Zara Álvarez. En abril de 2020, Zara recibió un mensaje de texto, supuestamente de las fuerzas de seguridad del Estado, acosándola después de que ella hubiera distribuido arroz a los miembros de su comunidad empobrecidos durante los confinamientos impuestos en el contexto de la pandemia de COVID-19. El 17 de agosto de 2020, fue asesinada a tiros en la calle en Bacolod City.
Link al informe completo: https://undocs.org/es/A/HRC/46/35
